El Gobierno de Mendoza anunció el lanzamiento de la Escuela de Género, Diversidad y Gobierno, una iniciativa que promete “capacitación gratuita y accesible en temáticas como trata de personas, violencias de género y diversidad sexual”. Sin embargo, la presencia del Ernesto Mancinelli, funcionario provincial y dirigente de Libres del Sur, abre interrogantes sobre el tipo de objetivo que se persigue con la propuesta.
Educación para la igualdad
La Escuela de Género es impulsada por la Dirección de Género y Diversidad, a cargo de Belén Bobba, y el Director General de Desarrollo Comunitario, Mancinelli. Se presenta como “una herramienta de formación asincrónica y abierta a todo público, con un enfoque en la prevención de la violencia y el acceso a derechos”.
Según el anuncio oficial, los módulos incluyen temas clave como educación sexual integral, masculinidades y violencia obstétrica, respondiendo a una demanda social bastante particular sobre la capacitación en estas áreas. Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse de manera gratuita a través del sitio web del gobierno.
Lo que podría ser una acción en materia de derechos humanos también deja lugar al planteamiento de dudas sobre su trasfondo político. La vinculación de Mancinelli con Libres del Sur, partido político del cual es Secretario General en Mendoza, no debería pasar desapercibida. Mancinelli también fue senador provincial y es cofundador del Frente Cambia Mendoza, alianza gobernante en la provincia. Su participación en la presentación de la Escuela de Género despierta suspicacias, ya que desde algunos sectores se señala que este tipo de programas pueden servir de plataforma para agendas partidarias.
¿Formación ciudadana o campaña encubierta?
Desde el oficialismo insisten en que la iniciativa es una herramienta de aprendizaje y concientización, sin fines políticos. Pero, en el contexto de una Mendoza en la que los espacios de capacitación y gestión social casi siempre suelen estar atravesados por intereses partidarios, la aparición de un dirigente con aspiraciones políticas en un proyecto de esta naturaleza genera dudas.
El financiamiento y los recursos destinados a la Escuela de Género también podrían ser objeto de debate: ¿es una política de Estado con continuidad asegurada, o dependerá de la permanencia de ciertos actores en la gestión pública?
En una provincia con serios déficits en políticas de género y una creciente demanda de capacitación en derechos humanos, la Escuela de Género podría ser un avance. Pero la clave está en garantizar su independencia de los intereses políticos y asegurar que los fondos públicos se utilicen en beneficio de todas los mendocinos.
¿Es la Escuela de Género una verdadera herramienta de formación ciudadana o una estrategia de posicionamiento político? Esa es la pregunta que el Gobierno de Mendoza deberá responder con hechos y transparencia.
