El Gobierno de Mendoza anunció con bombos y platillos un nuevo régimen de control para las minas de tercera categoría, principalmente canteras, con la excusa de compatibilizar el desarrollo económico con la protección ambiental. Sin embargo, lejos de ser una iniciativa espontánea, la medida responde a un pedido de informes presentado por el espacio político LAUM, que viene señalando desde hace meses los desmanejos en la actividad minera y su impacto directo en la infraestructura provincial.
A través de la Resolución Conjunta 106/25, las Direcciones de Minería y de Protección Ambiental establecieron la obligatoriedad de presentar un “Informe de Partida”, con un diagnóstico ambiental y un plan de remediación para las explotaciones activas. El documento deberá entregarse en un plazo de 30 días hábiles y, de no cumplirse, las empresas podrán sufrir sanciones e incluso la clausura definitiva. Además, el plan de recomposición ambiental tendrá un límite de seis meses para ser ejecutado.
Lo que el Gobierno no menciona en su comunicado oficial es que estas irregularidades en el sector minero no son nuevas y que su inacción ha permitido un avance descontrolado de canteras sin controles ambientales adecuados. El ejemplo más evidente de esta negligencia es el estado de las ripieras, cuya explotación irresponsable ha contribuido a la caída de los puentes en la Ruta Nacional 40.
El colapso de estos puentes no fue un accidente aislado ni un fenómeno climático impredecible, sino la consecuencia directa de una gestión permisiva que permitió la extracción indiscriminada de áridos sin estudios de impacto ambiental adecuados. De hecho, la misma resolución admite que “un alto porcentaje de las minas en explotación no cumple con la normativa ambiental vigente, generando impactos negativos como la alteración del suelo, afectación de recursos hídricos, contaminación del aire y falta de recuperación del paisaje”. Entonces, ¿por qué el Gobierno recién ahora reacciona?
Según fuentes cercanas al sector, la medida no surge de una convicción por mejorar la regulación minera, sino de la presión política y mediática ejercida por distintos sectores que han expuesto la precariedad de los controles. El pedido de informe puso en evidencia la falta de respuestas oficiales frente a la crisis generada por la actividad de las ripieras y sus efectos sobre la infraestructura vial. En otras palabras, el Gobierno se vio obligado a endurecer los controles solo después de que el problema se volvió insostenible y quedó expuesto públicamente.
Además, se presenta como un logro la habilitación de un formulario digital para la presentación del Informe de Partida, pero esta es apenas una medida burocrática que no garantiza un control real ni efectivo sobre las explotaciones mineras. La verdadera pregunta es si el Ejecutivo provincial está dispuesto a aplicar sanciones reales a los infractores o si simplemente está lanzando una normativa para calmar las críticas sin una intención genuina de hacer cumplir las reglas.
La minería en Mendoza sigue siendo un tema espinoso, y este endurecimiento de controles parece más una reacción obligada que una decisión estratégica. Si el Gobierno realmente quisiera abordar la problemática de fondo, debería reconocer su responsabilidad en la falta de supervisión y tomar medidas contra quienes han operado en la ilegalidad con total impunidad. Mientras eso no ocurra, estos anuncios no serán más que un intento de lavado de cara ante una realidad que ya no puede ocultarse.
