Es por el manejo de la pauta publicitaria en Mendoza
Los ciudadanos Javier Alejandro Fernández y Marcos Neirotti, han presentado una
denuncia penal que busca esclarecer lo que describen como un “sistema de corrupción
estructural” vinculado al manejo discrecional de la pauta publicitaria oficial durante la
gestión de Rodolfo Suárez cuando fue gobernador de Mendoza.
La acción judicial, que incluye acusaciones por fraude contra la administración pública,
cohecho y abuso deautoridad, está respaldada por declaraciones públicas del propio
exmandatario, quien admitió presiones de algunos medios de comunicación para obtener
beneficios económicos, pero también de una profunda investigación sobre el tema que
vienen llevando a cabo desde hace meses.
En una reciente entrevista, Suárez reconoció que “si no ponés tanta pauta, te matan”,
refiriéndose a las presiones ejercidas por ciertos medios para recibir publicidad oficial.
Según los denunciantes, quienes son defensores de derechos humanos y activistas
anticorrupción, esta práctica no solo configura delitos graves, sino que refleja un modelo
de manejo arbitrario de recursos públicos que “traiciona la confianza de los mendocinos”.
La denuncia enfatiza que más de$12 mil millones fueron destinados de manera
discrecional a publicidad durante la gestión de Suárez, una cifra que consideran
desproporcionada, alejada de las verdaderas necesidades de la provincia y en completa
falta de transparencia.
En el documento judicial, se solicita que Suárez sea citado a declarar como testigo clave,
ya quesusafirmaciones públicas no solo describen este sistema, sino que lo colocan
comouna figura central en su funcionamiento. También sepideinvestigar si estas
prácticas se han extendido al actual gobierno de Alfredo Cornejo, puesto que, según los
denunciantes, el problema persiste.
El manejo dela pauta, explican Fernández y Neirotti, “no es un tema menor”. Argumentan
queestos fondos podrían haberse utilizado para mejorar salarios en áreas críticas como
salud y educación, o para construir infraestructura básica. En cambio, aseguran que el
dinero fue entregado a medios afines al discurso oficialista, marginando a quienes
mantenían una postura crítica hacia el gobierno. “La pauta oficial se ha convertido en una
herramienta de control político y de censura indirecta, situación que constituye una
violación a la libertad de expresión, además de incurrir en delitos de corrupción”, destacan
en la denuncia.
La presentación se realizó hace un mes, pero recién hoy los denunciantes decidieron darle
estado público para no afectar la investigación penal que tiene varios avances. Resaltan
queno es“una simpledenuncia”, sino que sehan presentado como querellantes, lo que
les permite impulsar la investigación solicitando la producción de pruebas, aportar las que
vienen recabando desde hace meses y evitar quesea “encajonada”. El abogado que los
patrocina es el Dr. Gabriel Sottile.
Fernández y Neirotti, remarcan que el acceso a la información sobre estos gastos de la
pauta ha sido deliberadamente limitado. A pesar de la legislación provincial que exige
transparencia, como la Ley N° 6496 sobre Administración de Pauta Oficial y la Ley N°
9070 deAcceso a la Información Pública, afirman queel gobierno ha evitado proporcionar
datos claros sobre los destinatarios y criterios de asignación de la pauta publicitaria.
“Estamos ante un oscurantismo institucional que beneficia a unos pocos en detrimento
del interés público. El gobierno incumple con la ley de manera abierta y flagrante. No da
información de manera activa, tal como está obligado, pero tampoco lo hace a través de
los pedidos de informes que les realizamos los ciudadanos y, aún, los legisladores”,
sostienen los impulsores.
Los denunciantes consideran que este caso podría sentar un precedente importante, no
solo en Mendoza, sino en toda Argentina. Si la justicia avanza, explican, podría
desmantelarse un mecanismo decorrupción quecondiciona tanto la administración
pública como la independencia de los medios decomunicación. “La sociedad mendocina
tiene derecho a saber cómo semanejan sus recursos y a exigir quequienes han abusado
de su poderrindan cuentas ante la ley”, concluyen.
Con esta acción, Fernández y Neirotti no solo buscan justicia, sino también un cambio
estructural que garantice que los fondos públicos sean administrados de forma
transparente y con criterios equitativos y que se evite la censura y la imposición de un
discurso oficialista. La denuncia es también un llamado a otros ciudadanos y
organizaciones para que denuncien estas prácticas y promuevan una gestión más ética y
responsable de los recursos públicos y del gobierno en general.
