Nimsi Franciscángeli, periodista y docente mendocina, se enteró por un tercero que había sido despedida del Senado Provincial en agosto de 2024. Durante dos semanas trabajó gratis, sin que nadie le informara su desvinculación. Ni siquiera el diputado para el que prestaba servicios, Enrique Thomas.
Este caso, que fue expuesto por la misma Nimsi en redes, expuso las graves irregularidades en la contratación y notificación de empleados dentro del sistema legislativo de Mendoza. Pero, más allá de ser un caso de negligencia administrativa, también desnuda una realidad más grande: la precarización del periodismo mendocino y la falta de transparencia en la administración de los recursos públicos.
Cómo se gestó el escándalo
Nimsi trabajaba en el Senado bajo un contrato de locación, firmado por la secretaria Legal y Técnica del Senado, Nuria Olivera, y por la presidenta de la Cámara y vicegobernadora, Hebe Casado. Sin embargo, prestaba servicio en la Cámara de Diputados para Thomas, quien tampoco fue notificado de la desvinculación de su empleada.
En septiembre del 2024, el diario Mendoza Today publicó una nota sobre el caso: “El Senado provincial dio de baja el contrato de una periodista mendocina… pero nunca le avisó”. En la misma se detallaba cómo la periodista se enteró de su despido de manera informal y revelaba un vacío de comunicación dentro de la Legislatura.
ADJUNTO CHATS
En un grupo de WhatsApp con más de 200 periodistas que cubren el Senado, Nimsi escribió: “Hola, por el momento no estoy más en prensa del diputado Enrique Thomas. Hoy me enteré que en agosto me dieron de baja el contrato sin notificación. Laburando gratis. En fin, les aviso por las dudas. Gracias”.
La respuesta de los colegas fue inmediata: le preguntaron por el tipo de contrato que tenía y se generó un pseudodebate sobre prácticas de contratación. Pero ningún miembro se pronunció públicamente al respecto sobre una situación de la cuál nadie está exento.
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Resoluciones que no quieren ver la luz y una burocracia que dilata la transparencia
Las irregularidades en la contratación de Nimsi quedaron reflejadas en las resoluciones 324 y 380 del Senado. En ambos documentos, firmados por Olivera, Priore y Casado, se estipulaba (de una manera bastante generalizada) su contratación para tareas “administrativas en prensa”.
Sin embargo, la falta de acceso a estos documentos es parte del problema. El Senado Provincial maneja dos tipos de resoluciones: las del cuerpo legislativo, cuya publicación es casi automática en su web y las presidenciales, que sólo se hacen públicas si un legislador las solicita. Incluso cuando se solicitan, pueden tardar hasta seis meses en ver la luz, lo que obstaculiza la rendición de cuentas.
El reglamento interno del Senado establece que estas resoluciones deben ser comunicadas de inmediato. Sin embargo, en la práctica, los funcionarios deben acceder a ellas sacando fotos o escaneándolas una por una, en un proceso arcaico que solo refleja un descarado intento de atentar contra la transparencia.
La precarización en los medios: la otra denuncia de Nimsi
Meses después de su despido, el 8 de noviembre de 2024, Nimsi Franciscángeli volvió a alzar la voz, esta vez contra la precarización en los medios mendocinos. Publicó un video en su Instagram, en donde expuso la crisis salarial que atraviesan los periodistas, denunciando que grandes medios que reciben millones en publicidad estatal pagan sueldos de miseria.
“Dejen de negrear a las personas que tenemos experiencia, capacidades, habilidades. Que nos gusta ganar plata”. También llamó a sus colegas a exigir salarios dignos: “Valoren el trabajo, su tiempo vale plata. Y la plata importa”.
Esta denuncia sacó a la luz una situación que todos conocen, pero pocos se animan a discutir. Mientras que algunos cobran apenas 350 mil pesos mensuales, los medios facturan cifras astronómicas en publicidad oficial.
El caso de Nimsi es un ejemplo de cómo la falta de transparencia y la burocracia pueden afectar profesionales y, peor aún, sostenes de familia. Su despido sin aviso expone una práctica peligrosa (y recurrente) dentro de la Legislatura, donde los contratos son cosa confidencial.
Mientras la sociedad mendocina siga tolerando estas prácticas, el “negreo” y la falta de transparencia seguirán siendo parte de la estructura política y mediática de la provincia. Ojalá algún día entendamos el valor de la transparencia y la exijamos con la misma fuerza con la que exigimos justicia.
