En un país sumido en una profunda crisis económica, donde cada decisión gubernamental es medida con el termómetro de la urgencia fiscal, la obra pública se ha convertido en uno de los temas más contradictorios. Mientras algunos defienden la necesidad de priorizar otros sectores en tiempos de austeridad, el exgobernador y actual diputado nacional Julio Cobos pone sobre la mesa un aspecto fundamental que no puede seguir postergándose: la infraestructura vial. En particular, la situación de las rutas nacionales y provinciales, que a menudo se encuentran en condiciones deplorables, pone en riesgo la vida de los argentinos y contribuye al encarecimiento de la economía nacional.
Cobos denuncia la falta de recursos para la obras pública, y apunta a que la paralización de las mismas ya no es una medida temporal, sino una tendencia en la gestión actual. Es indiscutible que un país como Argentina, atravesado por una crisis económica sin precedentes, enfrenta dificultades para balancear las prioridades en su agenda pública. Sin embargo, la obra pública no puede ser vista como un gasto prescindible, sino como una inversión que afecta directamente la seguridad.
La obra pública: ¿instrumento de desarrollo? ¿o de corrupción?
Desde el retorno a la democracia en 1983, la obra pública ha sido un campo de lucha política y económica. Y, lamentablemente, también un terreno fértil para la corrupción. Los ejemplos de mal manejo de recursos destinados a la infraestructura son incontables. La gestión de los fondos públicos en obras como la construcción de autopistas y puentes ha sido históricamente una de las fuentes más relevantes de escándalos, con denuncias que incluyen sobreprecios, pagos fantasma y hasta la creación de obras que nunca se realizaron. La deuda generada por las administraciones anteriores, muchas veces a costa de la obra pública mal ejecutada, es un lastre que aún hoy arrastra el país.
La administración de la obra pública en Mendoza no escapa a esta problemática. Aunque no se trata de la misma magnitud de los casos nacionales, la provincia ha sido escenario de diversos cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de las obras viales. La falta de inversión y mantenimiento en rutas nacionales y provinciales es una realidad que afecta especialmente a los mendocinos. El alto número de muertes en accidentes de tránsito en Mendoza debido a las malas condiciones de las rutas es un hecho que no puede ser ignorado.
El caso de Mendoza
En Mendoza, las malas condiciones de las rutas son una preocupación constante. La estadística alarmante de muertes por accidentes viales, que superan a los homicidios (como dijo Cobos), demuestra que la obra pública en este sector es una necesidad urgente. No solo es una cuestión de seguridad, sino también de competitividad económica, ya que el alto costo del transporte se traduce directamente en el precio de los productos que consumen los mendocinos.
Si bien la responsabilidad sobre la obra pública nacional recae sobre el Gobierno Nacional (así cómo su cuestionada paralización), la provincia de Mendoza está en condiciones exigir mayor autonomía en la gestión y ejecución de proyectos viales. Una autonomía que permita una respuesta más rápida ante los problemas que afectan a las rutas que cruzan nuestra provincia.
La necesidad de dar una respuesta clara
Un punto crucial que no podemos pasar por alto es la responsabilidad de los funcionarios en garantizar su presencia y rendir cuentas sobre los proyectos que afectan directamente a la seguridad y la economía de los mendocinos. El hecho de que el Secretario de Obras Públicas de la Nación, Luis Giovine, no se presentara a la comisión de obras públicas del Congreso, como ocurrió en el caso expuesto por Cobos, refleja una falta de compromiso con los ciudadanos y con los representantes elegidos para velar por sus derechos.
No es suficiente con un discurso sobre la crisis económica; los funcionarios deben cumplir con sus responsabilidades. Y en este caso, eso significa estar presentes, responder preguntas incómodas y tomar decisiones con base en los intereses de la ciudadanía. No podemos permitir que la excusa de la crisis económica se utilice para seguir postergando cuestiones urgentes.
El sueño de una obra pública al servicio de los ciudadanos
La obra pública no solo es una cuestión de infraestructura, sino también de desarrollo social y económico. En Mendoza, donde las rutas nacionales y provinciales son la columna vertebral de la economía, no podemos seguir perdiendo vidas por la falta de mantenimiento. La obra pública debe ser gestionada con honestidad y responsabilidad, y los funcionarios deben asumir el compromiso de garantizar la transparencia en cada etapa del proceso. Es hora de que la provincia logré concretar los requisitos necesarios para gestionar con libertad sus propios recursos y proyectos, y que el Gobierno Nacional también cumpla con sus obligaciones, sin excusas.
