El ministro de Hacienda de Mendoza intentó justificar el excesivo aumento del Impuesto Automotor 2025 en la provincia, pero sus explicaciones dejan más preguntas que respuestas. Mientras la oposición denunció un sobreprecio del 40% en la liquidación del tributo, el Gobierno insiste en que la metodología utilizada es válida y necesaria para sostener la recaudación.
Los problemas de interpretar a conveniencia
En diálogo con radio Nihuil, Fayad defendió la decisión de la Administración Tributaria Mendoza (ATM) de calcular el impuesto en base a los valores de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) en lugar de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA), que establece montos más bajos. Según el funcionario, esta elección obedece a la necesidad de reflejar el “valor real” de los vehículos y de recuperar la caída de ingresos tributarios.
Sin embargo, la explicación del ministro no convence a quienes cuestionan la legalidad del procedimiento. La ley impositiva provincial establece que debe tomarse la valuación de la DNRPA y solo en casos excepcionales puede recurrirse a ACARA. Pero el Gobierno provincial aplicó directamente los valores más altos sin que medie ninguna situación extraordinaria, lo que en los hechos representa una decisión política antes que técnica.
La oposición, encabezada por el senador del PRO Valentín González, denunció esta situación públicamente y presentó un proyecto para corregir la liquidación. Sin embargo, el oficialismo bloqueó la iniciativa sin argumentos técnicos sólidos y la envió a comisión, una maniobra que suele terminar con los proyectos archivados sin tratamiento.
Un intento de justificación sin sustento
Fayad no solo evitó responder sobre la posible ilegalidad del procedimiento, sino que redobló la apuesta al sostener que “no se trata de un aumento desmedido” y que “la carga tributaria debe actualizarse”. En su intento por minimizar la polémica desatada ante la suba, aseguró que el incremento se basa en una necesidad de mayor equidad en la recaudación y que la elección de ACARA responde a una práctica común en otros distritos.
Sin embargo, el problema no es la actualización de los impuestos, sino la forma en la que se realizó y la falta de transparencia en los criterios utilizados.
Detrás del discurso de Fayad, la realidad es que la provincia enfrenta una crisis en su recaudación. En 2024, la caída en los ingresos fiscales fue del 39% respecto a 2019, y el Gobierno busca compensarla con una mayor presión tributaria sobre los mendocinos. La falta de respuesta ante la ola de reclamos y la negativa a corregir la liquidación refuerzan la teoría de que más que un ajuste técnico, se trata de una decisión deliberada para aumentar la recaudación.
La incógnita que queda es qué pueden hacer los contribuyentes ante este escenario. La oposición insiste en que existen vías de reclamo, pero sin una decisión política que revierta la liquidación actual, miles de mendocinos deberán pagar un impuesto inflado.
